El Ayuntamiento de Almuñécar, el 20 de noviembre de 1998 aprobó el Estudio de Detalle del hotel. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento concedió licencia de obras al hotel en terrenos del Camping Paraíso el 24 de mayo de 1999 y el 25 de febrero de 2000 ratificó en Pleno dicho acuerdo.
El TSJA adimitió el recurso de un particular contra la concesión de la licencia y en febrero de 2007 anuló los actos impugnados por no ser ajustados a Derecho, e instó a demoler la parte de la construcción que no es legalizable.
El Tribunal Supremo ya dio validez a ese fallo en noviembre de 2008, cuando no admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por las dos partes codemandadas -el Ayuntamiento de Almuñécar y la empresa-. Lo que vino a concluir el Supremo fue que la jurisdicción máxima para dirimir ese tipo de conflictos era el TSJA. Aún quedaba un último movimiento para intentar frenar el pleito.
Según la sentencia del TSJA, para levantar el hotel se utilizó una parcela de 10.300 metros cuadrados que estaba dividida en tres partes. En una (5.707 metros) el PGOU sólo permitía construir pequeños bloques aislados. En otra (3.633 metros), chalecitos de dos plantas separados cinco metros entre sí. Y quedaban 959 metros cuadrados de zona verde privada. El PGOU sólo autorizaba «cierto uso hotelero» en un trozo y estaba prohibido en el resto. A través de un estudio detalle –una figura menor que no necesita pasar por el filtro de la Junta– se mezcló todo, se suprimió la separación entre edificios y se fijaron tres plantas de altura máxima. Además de dotar al solar de uso exclusivo hotelero.
Dos informes periciales
En el transcurso del pleito se han manejado dos informes periciales aportados por la parte actora. Uno de ellos recoge que hay siete plantas sobre rasante, con 16.440 metros cuadrados construidos. Según este informe esto representaría 10.487,83 metros cuadrados de exceso y 7.430,49 sobre lo aprobado en el propio estudio detalle. El segundo estudio aportado se mueve en cifras similares. Dice que el edificio se compone de planta sótano, baja y seis alturas, con 3.633,35 metros cuadrados en sótano y garaje y 16.440,18 en el resto. Este informe cifra el exceso de edificabilidad en 9.583,80 metros cuadrados sin contar los viales.
La Junta también presentó un contencioso por idéntico motivo pero lo perdió. El argumento fue el mismo y la Sala del TSJA que emitió la sentencia también. La diferencia fue que la Junta llevó su recurso un día fuera de plazo. Por eso no puede pedir que se ejecute una sentencia en la que no es parte.
En enero de 2021 el TSJA las apelaciones del Ayuntamiento y la empresa y dio dos años de plazo para demoler la parte ilegal del hotel.
Manifestaciones de diferentes líderes políticos locales
Rocío Palacios, mantiene que «el PSOE respeta las decisiones judiciales», pero defenderán que el establecimiento siga adelante. «El hotel está fuera de ordenación y el Ayuntamiento trabaja en un nuevo plan para subsanarlo», alega.
En la misma línea, Beatriz González, portavoz de Cs, indica que el auto es un revés para un hotel «totalmente asentado»: «No queda otra opción que esperar», concluye.
Por su parte, Luis Aragón, edil de Más Almuñécar, esgrime que, tras las gestiones pasadas, se ha aprendido que los temas urbanísticos hay que tratarlos con «mimo y delicadeza para evitar este tipo de consecuencias que perjudican a todos los vecinos en el que si hay posibles indemnizaciones saldrán de los recursos de todos».
Por último, el líder de CA, Juan Carlos Benavides, manifiesta que los últimos acontecimientos «perturban al turismo». «Debería haber prevalecido el interés general. El gobierno municipal deberá llegar a un acuerdo con las partes afectadas», dice.
Lo que decía el líder de CA, Juan Carlos Benavides, quien tramitó y la concedió la licencia de obras para la construcción hotel, es una falsedad dado que las única opción para no tener que demoler es que la reforma del PGOU dé cobertura legal a las partes del hotel que se deben echar abajo
En junio de 2020 deja en suspenso la demolición hasta que se realice un peritaje que evalúe si la demolición parcial, tal y como había alegado la parte demandada, causaría daños estructurales del complejo.
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