2008 Recaudación

En 2008 Izquierda Unida denunció que “Benavides pretende controlar directamente el servicio de recaudación anulando el convenio establecido entre el ayuntamiento y la Diputación. El convenio ha funcionado muy bien llegándose a un porcentaje del 83% en el cobro de la recaudación voluntaria y garantizando liquidez al ayuntamiento gracias al compromiso adquirido por la Diputación de adelantar al ayuntamiento un 75% de la recaudación prevista”.

Lo único que salió a la luz fueron unas declaraciones del PP y Benavides mostrando su malestar por una remodelación interna de las jefaturas comarcales de la Agencia Provincial de Administración Tributaria. Fruto de esta remodelación, el concejal del PP Francisco Ledesma, dejó de dirigir la oficina de recaudación de Almuñécar. Utilizando este hecho como pretexto, Benavides amenazó a la Diputación con quitarle el servicio de recaudación. Durante todo el verano estuvo preparando los informes y la documentación y, con cierta premura, planteó al Pleno la denuncia del convenio y la firma de uno similar con una empresa privada.

El convenio que propuso Convergencia supuso entregar la gestión de la recaudación a una empresa privada por quince años, hipotecando de este modo las decisiones que al respecto puedan tomar corporaciones futuras. Además, entendíamos que no era legal que los datos de los contribuyentes pudieran estar en manos de una empresa privada, además de dudas de que esta decisión vaya repercutiera en una mejora de la recaudación.

Izquierda Unida de Almuñécar y el sindicato Confederación General del Trabajo, por medio de sus representantes, presentaron un recurso de reposición contra el pliego de condiciones para la privatización del servicio de recaudación de impuestos de Almuñécar. Este pliego fue publicado en el BOP del pasado 4 de septiembre. Asimismo, el grupo municipal de IU ha presentó alegaciones al pliego.

En Pleno votó sin los informes preceptivos y solicitados “un informe de Intervención y otro de Tesorería en los que se analizara la recaudación en los últimos años, se pusieran de manifiesto las supuestas deficiencias y se explicaran los motivos de dar por finalizado el contrato ya que, hasta hace un par de meses, justo hasta el mismo día en que se conoció que había un relevo en la dirección de la Oficina de la APAT, nadie había dudado de que el contrato era positivo para el municipio pues se había logrado incrementar de manera importante el porcentaje de recaudación en voluntaria y en ejecutiva”.

IU afirmó en ese momento que “no se está cumpliendo con la legalidad en el intento de privatizar el Servicio de Recaudación por parte de Benavides con el apoyo del PP. Son necesarios e ineludibles los informes de Intervención y Secretaría, pero el alcalde no sólo no los ha aportado, sino que impide que los departamentos implicados se pronuncien, tal vez consciente de que serían contrarios a su intención de privatizar el Servicio de Recaudación. Esta situación está creando recelos en los funcionarios municipales, ya que no están dispuestos a amparar los caprichos y artimañas de Benavides. Recordemos que el pliego de condiciones ha sido redactado por Martín Recuerda, un economista que redacta informes económicos a la carta para el Ayuntamiento de Almuñécar y que se ha embolsado una millonada en los últimos años a costa de los contribuyentes”.

Igualmente, el pliego que se aprobó por el Pleno era ilegal. La Secretaria del ayuntamiento ha dio como buena una de las alegaciones presentadas por IU al pliego de condiciones para adjudicar la recaudación a una empresa privada. Según explico el concejal de IU, el plazo fijado en el pliego para la concesión tendría que reducirse a cuatro años porque el anterior plazo fijado de quince años es ilegal. Así que se dio la circunstancia de que el Pleno, con los votos en contra de IU y PSOE, aprobó un pliego de condiciones ilegal.

Una vez solventados esas irregularidades, en Mesa de Contratación con los votos en contra de IU y PSOE y la abstención del PA, se propueso al Pleno que la recaudación municipal fuera adjudicada a una Unión Temporal de Empresas formada por Ferroser y Recursos Camerales.

Ferroser es una empresa del grupo Ferrovial, una empresa potente del estilo de FCC y Sacyr Vallehermoso. Este es el tipo de empresas son las que gustan a Benavides, ya que pueden aguantar sin cobrar lo que haga falta e incluso pueden adelantar. Lógicamente, esto se explica porque al final acaban cobrando sus intereses de múltiples maneras. Es el caso de la limpieza donde ya había un documento del ayuntamiento justificando que se pagara a FCC una subida por desequilibrio económico que se negaba al Mirlo. 

La otra empresa que componía la UTE se llama Recursos Camerales, una empresa que ha tenido problemas de todo tipo en diversos ayuntamientos donde han sido acusados de fraude a la hacienda pública. Además, varios propietarios de esta empresa estaban imputados en el caso Alhendín acusados de cohecho, sobornos y diversos delitos relacionados con un escándalo urbanístico de considerables dimensiones. 

Por si fuera poco, algunos de los encargados de recaudar los impuestos de los almuñequeros eran clientes habituales de las páginas de distintos boletines oficiales donde son reclamados como morosos. Y aparecen en estos boletines porque quienes pretenden cobrarles no les encuentran al ser ilocalizables en sus domicilios. 

igualmente, según documentos aportados por el grupo municipal de IU, los hermanos Polo, propietarios de Recam, han sido requeridos en distintos boletines oficiales a pagar las cuotas de la Cámara de Comercio de Sevilla o a saldar deudas tributarias en Cádiz. También han recibido providencias de embargo, en este caso del Ayuntamiento de Madrid.

A uno de los Hermanos Polo, la Fiscalía le abrió diligencias por presunta apropiación indebida en la recaudación del Ayuntamiento de Granada, que le tenía confiado este servicio. En este caso, la actuación de la Fiscalía estuvo motivada por una denuncia de Pedro Revilla, concejal del PP y miembro del equipo de gobierno. Pedro Revilla era Concejal de Economía y acusaba a la empresa de apropiarse 43 millones de pesetas.

En el municipio canario de San Bartolomé, en 2006, el propio Secretario Municipal informó de la nulidad de su contratación por parte del Ayuntamiento, con el extravío de documentación esencial; el contrato de la Corporación municipal con la empresa de Rafael Francisco Alonso Polo tuvo que ser anulado dos veces.

Como caso más grave, IU aportó documentos que acreditaban que uno de los propietarios de la empresa había sido condenado, tras un largo proceso judicial que ha durado más de 8 años, a 18 meses de prisión menor como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública por dejar de ingresar 151 millones de las antiguas pesetas. La Audiencia Provincial de Burgos impuso, además, a Luis Alonso Polo, una sanción de casi 2 millones de euros que debería pagar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, más los intereses y las costas del proceso.    

La sentencia consideró probado que Luis Alonso Polo defraudó más de 30 millones de las antiguas pesetas en 1989; más de 80 millones, en el año 90; y más de 40, en el 91, cuando ejercía su actividad como recaudador en los ayuntamientos de Adeje, en Tenerife, Valladolid, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos. Una de las cuestiones en que se basaron los magistrados de la Audiencia para condenarle por delitos contra la hacienda pública fue la contabilidad.  Dice la sentencia que esta contabilidad “no era ni ordenada, ni uniforme, ni correcta”, lo que pone de manifiesto, según la sentencia, una actuación contraria a la transparencia en la presentación de las cuentas. Transparencia que era importante por la naturaleza de su actividad profesional que “exigía una especial claridad, un adecuado orden y una intachable transparencia”.

En septiembre de 2011, IU destapó los cobros y embargos ilegales realizados por la empresa concesionaria de la recaudación de Almuñécar. El grupo municipal de IU comprobó que la empresa de recaudación Ferroser-Recam está incluyendo costas inexistentes en los embargos. Valiéndose del desconocimiento de los ciudadanos, esta empresa incluyó cantidades que van de los 20 a los 50 ó 60 euros ilegales en cada embargo. Esa cantidad se camufló como “costas” y supuso un ingreso extra para la empresa de recaudación ya que el contrato que tenía con el Ayuntamiento recogía que las costas son para la empresa concesionaria.

IU solicitó a la alcaldesa que de forma inmediata se interrumpieran los embargos de cuentas corrientes y se procediera al bloqueo de los pagos pendientes a la empresa privada de recaudación. Asimismo, IU pidió una relación de todas las costas cobradas desde el año 2009 y su correspondiente factura, tal y como dispone el R.D. 939/2005 en su artículo 115.3 y que se interpusieran los trámites judiciales pertinentes a fin de determinar la responsabilidad de los embargos y cobros ilegales.

De igual manera Izquierda Unida recomendó a todos los contribuyentes que pagaron recibos con costas y a los que se les ha embargado la cuenta que pidieran en la oficina de recaudación que les desglosaran la deuda en los conceptos de: principal, recargo, intereses de demora y costas. Los contribuyentes debían exigir, con respecto a las costas, que les mostraran las facturas o minutas de dichas costas, tal y como dispone el Reglamento de Recaudación, y si no les justifican esos cobros, que presenten la reclamación o denuncia por el cobro o embargo ilegal.

El 29/11/2012 se aprobó una moción de IU/PSOE, con la abstención de Convergencia, para no prorrogar el contrato con la empresa y delegar en la Diputación la recaudación: 

Vista la propuesta de acuerdo contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa de Interior de 28.11.12, y enmienda presentada, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de catorce votos a favor de los concejales populares, socialistas, de izquierda unida y andalucistas, y seis abstenciones de los convergentes, acordó:

   PRIMERO.- No prorrogar el contrato de recaudación de impuestos municipales con la Empresa RECAFER.

   SEGUNDO.- Comprobar si han cumplido los pliegos de condiciones fehacientemente.

   TERCERO.- 1.- El Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de Granada:

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